Hito histórico en materia de trabajo autónomo fue la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se estableció el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en virtud de la cual se creó un mecanismo de protección dirigido a los trabajadores autónomos que de manera involuntaria cesaran cesado su actividad, equiparándolos a los trabajadores por cuenta ajena beneficiarios de prestaciones por desempleo.
Se configura así una prestación, por cese de actividad, que estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce de los cuales deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.
La financiación de la protección se acometerá exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia de los trabajadores autónomos que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La solicitud del reconocimiento del derecho se realizará en la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que se tenga cubierta las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el supuesto de trabajadores que tengan cubiertas dichas contingencias con el Instituto Nacional de la Seguridad Social , la solicitud se realizará ante el Servicio Público de Empleo Estatal.
El reconocimiento dará derecho al disfrute de la correspondiente prestación económica, a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad. El reconocimiento del derecho a la protección por la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad, mediante la cumplimentación del impreso de solicitud y la aportación de los documentos exigidos al efecto. La presentación de la solicitud transcurrido el plazo implicará un descuento del período de percepción los días que medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que se llevó a cabo.
El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad.
La duración de la protección se reconocerá en meses y se consumirá por meses, salvo cuando concurran situaciones de descuento, reducción o reanudación de la prestación en las que el consumo de la duración de la prestación, y la cotización a la Seguridad Social , se podrá efectuar por días, considerando a esos efectos que cada mes está integrado por 30 días.
Dejo el enlace del Real Decreto publicado en el BOE el 1 de noviembre.
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